La Junta de Andalucía desoye al Defensor del Pueblo Andaluz que se ve obligado a requerir por segunda vez información sobre el PEM

“El tema del PEM va tomando un cariz dramático para el futuro político de muchos que durante años han mentido a los mijeños”, según Cristóbal González.

Por segunda vez se ha visto obligado el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a pedir a la Junta de Andalucía que le envíe informes relativos al Parque Empresarial de Mijas en el procedimiento que sigue para determinar si la Administración Autonómica ha vulnerado principios fundamentales de los empresarios.

A finales del pasado año el Alto Comisionado del Parlamento Andaluz encontró indicios que vulneraban los derechos del Parque Empresarial de Mijas, por lo que procedió a abrir expediente informativo. Tras comunicarlo a las partes, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó informes a la EPSA, Empresa Pública del Suelo, que aún no han sido remitidos.

La EPSA, empresa pública adscrita a la consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha sido la que en los últimos años ha mantenido contactos con los empresarios mijeños y es a ella a la que se ha dirigido el Defensor del Pueblo Andaluz en acción rogatoria que, hasta el momento, no ha sido atendida.

La Ley que regula el funcionamiento y competencias del Defensor del Pueblo Andaluz le otorga potestad para requerir de cualquier Administración Pública cuanta información necesite en la elaboración de sus dictámenes, estando obligada ésta y sus empresas afines a atender sus requerimientos. Pese a esta obligación, por el momento, la EPSA ha hecho caso omiso al primer requerimiento y a primeros de mes de marzo ha procedido a reiterarlo.

Así se lo ha hecho saber la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a los empresarios del PEM dentro de las comunicaciones periódicas que realiza para el adecuado seguimiento del expediente en trámite.

Para los empresarios del PEM este silencio y falta de colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz es un ejemplo más de la actitud caciquil que viene caracterizando a la Junta de Andalucía desde hace años cuando se trata de mirar a Mijas y a sus intereses. Según el presidente del PEM, Julio Fernández, “la Junta está tratando al Defensor del Pueblo como nos ha tratado a nosotros durante años”, y cree que el motivo por el que no manda los informes requeridos es porque “sencillamente nadie se va a atrever a firmar informes que sean mentira”. En este sentido recuerda Fernández que durante años la Junta, la EPSA y el propio Ayuntamiento de Mijas se han escudado en un supuesto informe medioambiental para justificar la protección integral de los terrenos de La Atalaya y el mes pasado salió a la luz que era mentira. Un informe del Departamento Jurídico de la Junta ha venido a corroborar que la protección de La Atalaya fue una decisión política. Ahora ¿quién va a firmar un informe que diga lo contrario?.

Para el Tesorero del PEM, Cristóbal González, “el tema del PEM va tomando un cariz dramático para el futuro político de muchos que durante años han mentido a los mijeños y ahora no saben cómo afrontar que el Defensor del Pueblo les pida explicaciones. Si dicen la verdad se desenmascararán y será su ruina política. Si llevan la mentira política al ámbito jurídico-administrativo, al final verán igualmente arruinada su carrera política y les podría costar hasta la cárcel. Ante este panorama guardan silencio, pero no lo podrán hacer por mucho tiempo”.

Desde el PEM se sigue confiando en la acción del Defensor del Pueblo, en la seguridad de que finalmente la verdad saldrá a la luz y servirá para que Mijas recupere el espacio socio-económico que se merece.

El Defensor del Pueblo pide por segunda vez informes a la Junta

Técnicos de la Junta confirman que la prohibición de construir el PEM en La Atalaya fue una decisión política

Los técnicos integran La Atalaya dentro de las ‘zonas con valores ambientales no excepcionales’

Casi cinco años han tenido que esperar los empresarios de Mijas para conocer oficialmente que la prohibición de construir el Parque Empresarial de Mijas en los terrenos que adquirieron en La Atalaya fue una mera decisión política. Alguien en Sevilla trazó una línea sobre el mapa, a modo de frontera, creando un pasillo de exclusión urbanística entre Mijas y la sierra, a modo de escarmiento para el municipio por los desmanes urbanísticos cometidos en la franja litoral. Ese es ‘el gran valor medioambiental de La Atalaya’ que en 2006 lo inutilizó como zona industrial ya que ni existen especies animales, ni vegetación, flora, etc. a proteger por su singularidad. Así se desprende de un informe técnico-jurídico de la Junta de Andalucía al que han tenido acceso los empresarios del Parque Empresarial de Mijas, PEM.

El contenido del informe pone en evidencia el papel que durante estos años ha jugado el Ayuntamiento de Mijas que siempre dijo desconocer el informe medioambiental de La Atalaya que motivó su alto grado de protección y, por tanto, la imposibilidad de urbanizarlos. Tanto el alcalde, Antonio Sánchez, como miembros de su equipo de gobierno han sostenido durante este tiempo que habían pedido a la Junta el informe medioambiental sin que la Administración Autonómica se lo hubiera facilitado.

El tiempo ha venido a demostrar que difícilmente se puede entregar dicho informe, por el simple hecho de que nunca existió. Extremo éste que extraña que las administraciones socialistas que gobiernan la Junta y el Ayuntamiento no conocieran, en opinión del PEM, quien ahora comprende la pasividad del Alcalde de no exigir con más rotundidad el inexistente informe medioambiental.

De esta forma los empresarios de Mijas fueron ‘traicionados’ por el Ayuntamiento y la Junta tras hacerles comprar, por indicación directa, unos terrenos que después calificaron como de “protección integral’ sin querer asumir sus compromisos adquiridos.

Para el PEM que ningún cargo público haya querido decir la verdad durante todo este tiempo y hayan tenido que ser los técnicos de la Junta quienes desenmascaren la infamia a la que se les ha sometido supone todo un descredito para los mandatarios de Sevilla y Mijas, siendo mucho más lamentable la actuación de Antonio Sánchez y su equipo de gobierno por cuanto los mijeños los eligieron para defender los intereses del municipio y los hechos demuestran que se han doblegado a los dictámenes arbitrarios de Sevilla.

Los empresarios del PEM exigen que el Alcalde y a su equipo de gobierno, entre los que se encuentra la candidata a la alcaldía, Fuensanta Lima, den explicaciones sobre la verdad que han puesto al descubierto los técnicos de la Junta y “nos expliquen qué criterios determinaron la dimensión de ese ‘pasillo de exclusión urbanística’ y porqué no se tomaron en cuenta los factores que inciden en La Atalaya como son: compromisos políticos, inversiones realizadas, planeamientos urbanísticos concretados, declaración municipal de Proyecto de Interés Social, etc… que como responsables de Mijas debieron hacen valer ante la Junta de Andalucía para eliminarlo o desplazarlo en el mapa con lo que se hubiera conseguido conciliar el beneficio económico, de empleo y de riqueza para el municipio con la demarcación de una zona de protección antes de llegar a la sierra.

Al mismo tiempo, el PEM dará cuenta de la información técnica a la que ha tenido acceso al resto de formaciones políticas para que juzguen de primera mano el alcance de todo el daño que se les ha hecho y, en consecuencia, asuman en sus programas electorales actuaciones concretas en relación a La Atalaya. Una información que pondrá en evidencia el papel jugado por el gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Mijas en contra de la economía, el empleo y el desarrollo industrial y comercial del municipio.

INFORME TECNICO-JURIDICO

El informe al que ha tenido acceso el PEM fue elaborado por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, recogiendo aspectos técnicos-jurídicos.

En el mismo se especifica que los terrenos de La Atalaya se declaran de ‘Interés Territorial’ en aplicación del Plan de Ordenación del Territorio, POT, de la Costa del Sol Occidental que en el punto ‘b’ del apartado 4.1. ‘Medidas de Ordenación del Crecimiento Urbanístico’ los considera ‘Bordes cautelares ciudad-sierra’.

En el informe se especifica textualmente: “se incluyen las zonas con valores ambientales no excepcionales…” “…atendiendo fundamentalmente a criterios de suelo de transición entre bordes de Sierra y las zonas de crecimiento” “…que merecen ser tratadas mediante una serie de actuaciones que las preserven de los procesos clásicos de urbanización que se establecieron en la franja litoral…”.

El informe continúa sentenciando: “En definitiva, la ordenación del territorio no ha de atender exclusivamente a la existencia de valores a proteger, sino también al desarrollo socioeconómico y a la potencialidad insita en el ámbito territorial delimitado.”

En base a ello se aplica “un sellado urbanístico en estos bordes cautelares” tal y como recoge el POT para las ‘Zonas de Interés Territorial’ mediante “un sistema de líneas, puntos y áreas estratégicas capaces de referenciar este ámbito territorial”.