Desde el año 2002 han sido varias las propuestas impulsadas por los empresarios de Mijas para dotar a la ciudad de un espacio de desarrollo económico capaz de dar respuesta a las necesidades del presente mirando a los retos del futuro.

El Parque Empresarial de Mijas, PEM, es el resultado de aunar la ilusión y el esfuerzo de más de doscientos empresarios de Mijas y su entorno por dotarse de unas infraestructuras empresariales, industriales y económicas de primer nivel.

La falta de respuesta de las administraciones públicas a las necesidades que presentaba Mijas de espacio y equipamientos para la actividad productiva a finales de los años 90 motivó la movilización del empresariado local en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

Constituidos en Comunidad de Bienes ofrecieron al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía proyecto y capacidad inversora. El Ayuntamiento, que se encontraba en plena revisión de su PGOU indicó al colectivo dónde adquirir terrenos en base a su planeamiento futuro para usos industriales. La Junta de Andalucía, por su parte, apoyó sin reservas la iniciativa, comprometiéndose a tramitar con celeridad las modificaciones urbanísticas necesarias.

Ello llevó a los empresarios a adquirir en 2002 una amplia parcela en la zona conocida como La Atalaya, con un coste cercano a los ocho millones de euros y a suscribir con el Ayuntamiento un Convenio Urbanístico para agilizar su construcción, al tiempo que éste declaraba la iniciativa de ‘Interés Social’ para Mijas.

Sin embargo, en pleno desarrollo del planeamiento urbanístico de los terrenos adquiridos, la Junta de Andalucía decide retirar las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos, ante los numerosos desmanes cometidos en los municipios del litoral, y a promulgar un Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POT) que restringía la expansión de los municipios.

El POT fue demoledor para Mijas y sus pretensiones de expansión, pues imponía férreas medidas proteccionistas a zonas que el consistorio quería desarrollar, entre ellas los terrenos adquiridos por los empresarios.

En 2006 empezaba un verdadero calvario para los empresarios mijeños que tras realizar una fuera inversión seguían con sus mismos problemas de suelo para crecer y adaptarse a los retos que exigían los nuevos tiempos.

Sin apenas competencias urbanísticas, el Ayuntamiento poco podía hacer, y aunque todos los dictámenes técnicos avalaban la tesis de que la protección de los terrenos de los empresarios era de tipo político más que de otra índole, la Junta de Andalucía hacía oídos sordos a cualquier petición de revisión.

Ello llevó a los empresarios a emprender una larga batalla judicial para revertir la situación. Finalmente, y tras pasar por todas las instancias inferiores, EN 2015 el Tribunal Supremo declaraba nulo de pleno derecho el POT.

De vuelta a la casilla de salida, el Ayuntamiento renueva su interés por el proyecto del PEM, lo vuelve a declarar de Interés Social para el municipio e insta a los empresarios a retomar el planeamiento urbanístico de los terrenos. Esta postura la mantienen tanto Ángel Nozal, como Juan Carlos Maldonado y Josele González.

Por su parte, la Junta de Andalucía, tras el revés judicial y ya sin argumentos legales para oponerse, se muestra esquiva y poco colaboradora durante la etapa de los gobiernos de Griñán y Susana Díaz. Postura que cambia radicalmente cuando accede a la presidencia Juan Manuel Moreno Bonilla.

Desde entonces se sigue un constante proceso de adecuación técnico-legislativo del proyecto impulsado por los empresarios que se ha encontrado con los escoyos propios de la adecuación a las nuevas normativas que surgen en el ordenamiento autonómico y nacional.

De igual forma, los incendios fortuitos ocurridos los últimos años han ocasionado cambios significativos en su dimensionado y distribución, obligando a introducir sensibles modificaciones en el planeamiento original.

La creciente concienciación medioambiental también ha originado la elaboración de profusos informes en la materia que han determinado la introducción de medidas correctoras en el planeamiento urbanístico del área a desarrollar.

Con todo ello, y ahora sí contando rotundamente con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, los empresarios mijeños esperan que en un plazo relativamente corto su iniciativa pueda tomar cuerpo… aunque hayan transcurrido más de veinte años.